Corte Federal Obliga a la Administración Trump a Mantener la Financiación del Programa SNAP Durante el Cierre de Gobierno
Una orden judicial emitida por dos tribunales federales en Massachusetts y Rhode Island ha obligado a la administración del presidente Donald Trump a seguir financiando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como food stamps, incluso durante el cierre parcial del gobierno.
La decisión judicial ofrece un alivio temporal a más de 42 millones de estadounidenses que dependen de este programa para acceder a alimentos básicos, pero también deja abierta la incertidumbre sobre cuándo y cómo se efectuarán las recargas de las tarjetas de los beneficiarios.
Un fallo en medio del cierre federal
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) había anunciado la suspensión temporal del financiamiento de SNAP debido a la falta de presupuesto durante el cierre de gobierno. Sin embargo, los jueces federales dictaminaron que el Ejecutivo tiene la obligación legal de mantener el programa activo, utilizando fondos de contingencia o de emergencia.
Las demandas fueron presentadas por coaliciones de estados, alcaldías, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias, quienes argumentaron que interrumpir SNAP durante el cierre equivaldría a agravar una crisis humanitaria.
El tribunal coincidió, señalando que los fondos de contingencia —originalmente reservados para desastres naturales— también pueden aplicarse en “una emergencia alimentaria nacional como la actual”.
Reacciones políticas
La decisión fue celebrada por miembros del Congreso, principalmente del Partido Demócrata.
La senadora Amy Klobuchar calificó el fallo como “una victoria moral y humana”, destacando que “ningún gobierno puede usar el hambre como herramienta política”.
Por su parte, el presidente Donald Trump anunció que buscará una aclaración legal sobre los límites de su autoridad presupuestaria.
“Mi equipo jurídico no encuentra base clara para redirigir fondos sin aprobación del Congreso”, declaró el mandatario, dejando entrever que podría apelar las decisiones judiciales.
Mientras tanto, el Departamento de Agricultura trabaja contrarreloj para coordinar con los estados la emisión de pagos. Funcionarios advirtieron que los retrasos podrían extenderse entre una y dos semanas, dependiendo de la capacidad operativa de cada administración local.
Incertidumbre
Aunque la orden judicial garantiza temporalmente la continuidad del programa, las familias beneficiarias siguen enfrentando incertidumbre sobre cuándo recibirán sus recargas electrónicas.
En muchos hogares, los saldos ya se encuentran agotados y los comedores comunitarios reportan un incremento en la demanda.
“La gente no puede esperar decisiones burocráticas para comer”, señaló María González, directora del Food Bank of Greater Boston, quien pidió que los fondos “se liberen sin demora y con prioridad humanitaria”.
Defensores del programa advierten que cualquier interrupción en SNAP podría provocar efectos en cadena, afectando la nutrición infantil, el desempeño escolar y el gasto familiar en comunidades de bajos ingresos.
Un alivio temporal con preguntas abiertas
El fallo judicial representa una victoria provisional para millones de beneficiarios y un precedente importante en la protección de los programas sociales durante emergencias presupuestarias.
Sin embargo, deja abierta la pregunta sobre la sostenibilidad del financiamiento si el cierre de gobierno se prolonga.
En los próximos días se espera que la administración Trump y las cortes federales definan el alcance de la medida, así como los mecanismos concretos para garantizar el acceso continuo a los alimentos.
Por ahora, el mensaje es claro: el hambre no puede ponerse en pausa.
