Estados Unidos Pone Fin a los Programas de Reunificación Familiar para Siete Países de América Latina y el Caribe
El gobierno de Estados Unidos anunció el fin de los programas humanitarios de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, una decisión que impacta directamente a cientos de familias que se encontraban en proceso de migrar legalmente al país. La medida, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), marca un giro restrictivo en la política migratoria hacia la región.
Qué decidió el gobierno estadounidense
De acuerdo con el DHS, la terminación de los programas responde a “abusos sistemáticos” detectados durante revisiones internas, incluyendo intentos de fraude documental y uso indebido de los permisos de viaje emitidos bajo estos mecanismos. Los programas permitían a personas con peticiones familiares aprobadas ingresar temporalmente a Estados Unidos mientras esperaban la resolución final de sus visas de inmigrante.
En un comunicado oficial, el DHS sostuvo que, aunque los programas fueron creados para ofrecer una vía segura y ordenada de reunificación, su integridad se vio comprometida. La agencia no precisó cuántas personas se verán afectadas, pero confirmó que la decisión impactará a familias que ya habían recibido notificaciones o citas con autoridades migratorias.
Qué eran los programas de reunificación familiar
Los programas ahora cancelados, conocidos como Family Reunification Parole (FRP), fueron implementados en distintos momentos desde 2007 como una herramienta humanitaria y diplomática. Su objetivo era reducir la migración irregular, permitir la reunificación de familias separadas por largos procesos migratorios y ofrecer alternativas legales a personas provenientes de países con crisis políticas, económicas o sociales.
Bajo estos esquemas, los beneficiarios podían viajar de manera legal a Estados Unidos mientras esperaban la disponibilidad de una visa, evitando así rutas peligrosas y el uso de redes de tráfico de personas.
Un impacto que trasciende lo migratorio
Analistas en política migratoria interpretan la decisión como un endurecimiento del enfoque estadounidense hacia América Latina y el Caribe, en un contexto de creciente presión política interna por el control de la frontera sur. Para varios expertos, el anuncio no solo tiene implicaciones humanitarias, sino también diplomáticas.
“La cancelación de estos programas puede tensionar la relación de Estados Unidos con gobiernos que han cooperado activamente en temas migratorios y de seguridad regional”, señaló la analista María Elena Paredes en declaraciones a medios locales.
Reacciones y críticas
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes reaccionaron con dureza ante el anuncio. La Red Nacional de Jornaleros Inmigrantes (NDLON) calificó la decisión como un golpe directo al principio de reunificación familiar, uno de los pilares históricos de la política migratoria estadounidense. Según la organización, la medida penaliza a familias que siguieron los canales legales y actuaron de buena fe.
En el plano diplomático, varios gobiernos latinoamericanos solicitaron explicaciones formales. Colombia expresó su preocupación por el impacto humanitario de la medida, mientras que Cuba la calificó como una acción unilateral que contradice los principios de cooperación bilateral. Otras cancillerías de la región evalúan respuestas conjuntas o gestiones ante Washington.
Qué pasará con los casos en curso
El DHS informó que los expedientes ya presentados serán evaluados caso por caso, aunque no ofreció garantías claras sobre su aprobación ni plazos definidos. La agencia dejó abierta la posibilidad de restablecer algunos programas en el futuro, siempre que se implementen mecanismos de control y supervisión más estrictos.
Organizaciones de asistencia legal han exhortado a las familias afectadas a no abandonar los procesos oficiales, evitar viajes irregulares y buscar asesoría jurídica antes de tomar decisiones que puedan poner en riesgo su seguridad o su estatus migratorio.
La cancelación de estos programas, vigente desde el viernes 12 de diciembre de 2025, representa uno de los cambios más significativos en la política migratoria humanitaria de Estados Unidos en los últimos años, reforzando una tendencia hacia el control y la restricción, con consecuencias directas para miles de familias en América Latina y el Caribe.
