Fin al TPS para Venezolanos: La Corte Suprema Autoriza al Gobierno de Trump a Cancelar el Estatus Migratorio
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes 19 de mayo de 2025 al gobierno del presidente Donald Trump a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, una decisión que afecta directamente a cerca de 350,000 personas que viven y trabajan legalmente en el país bajo esta medida humanitaria.
Con una mayoría conservadora, el alto tribunal levantó el bloqueo impuesto por un juez federal en California y dio luz verde a la cancelación del programa, respaldando el argumento del gobierno de que las condiciones en Venezuela han cambiado y ya no justifican el beneficio.
¿Qué Es el TPS y Por Qué Protegía a los Venezolanos?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una figura migratoria creada en 1990 que permite a personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias residir temporalmente en EE.UU. con autorización de trabajo y protección contra la deportación.
Venezuela fue incluida en el TPS en marzo de 2021, bajo la administración de Joe Biden, debido al colapso económico, las violaciones de derechos humanos y la represión política del régimen de Nicolás Maduro. La decisión fue celebrada como un acto de protección humanitaria para una diáspora creciente en Estados Unidos.
Cómo Se Llegó a Esta Decisión
En enero de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la cancelación del TPS para los venezolanos, alegando que “las condiciones en Venezuela han mejorado” y que la medida ya no responde al interés nacional. La decisión fue rápidamente impugnada en los tribunales.
Un juez federal en California bloqueó temporalmente la cancelación, señalando que la medida causaría daños irreparables a familias enteras y que no existía evidencia suficiente de mejoría en Venezuela. Sin embargo, el gobierno apeló y llevó el caso a la Corte Suprema.
La decisión final del tribunal supremo, tomada en votación dividida, revocó el veto judicial y autorizó al gobierno a proceder. Solo la jueza Ketanji Brown Jackson expresó públicamente su desacuerdo, advirtiendo sobre el impacto humano de la medida.
Qué Significa para los Venezolanos
- Riesgo de deportación inminente: Más de 350,000 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 perderán su estatus migratorio y sus permisos de trabajo, quedando expuestos a procedimientos de deportación.
- Aplicación inmediata: El gobierno federal podrá iniciar revocaciones desde la próxima semana para quienes recibieron el beneficio más recientemente. Otros 250,000 venezolanos que ingresaron antes de 2023 podrían perder su protección en septiembre, cuando expiran sus documentos actuales.
- Opciones legales limitadas: Si bien aún pueden intentar solicitar asilo, visas especiales u otros alivios migratorios, la decisión deja en manos del Ejecutivo la ejecución de deportaciones masivas.
Reacciones y Posturas
El gobierno de Trump celebró la decisión como una victoria para la seguridad nacional y la autoridad presidencial. Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional argumentan que el TPS “ha sido utilizado de forma excesiva” y que su extensión “crea incentivos para la migración irregular”.
Por el contrario, organizaciones de derechos humanos, líderes comunitarios y abogados de inmigración calificaron la medida como “cruel, injustificada y peligrosa”, advirtiendo que la situación en Venezuela sigue siendo crítica, con escasez de medicinas, represión política y graves violaciones de derechos humanos.
“Esto expone a miles de personas a regresar a un país donde podrían ser perseguidos, encarcelados o caer en extrema pobreza”, señaló un vocero de Human Rights Watch.
Expertos legales coinciden en que esta es una de las mayores acciones de revocación de estatus migratorio en la historia moderna del país, y subrayan que el Poder Ejecutivo tiene la facultad legal de cancelar el TPS cuando considera que ya no es necesario.
Sin embargo, el precedente deja un mensaje claro: la continuidad del TPS depende directamente del enfoque político de cada administración. Y en este caso, la administración Trump ha optado por cerrar las puertas a una población desplazada por una de las crisis más graves del continente.
Con esta decisión, Estados Unidos inicia el desmantelamiento de uno de los programas más importantes de protección migratoria, dejando a cientos de miles de venezolanos en el limbo legal y enfrentando una amenaza directa de deportación.
