Reunión Privada Entre el Alcalde Eric Johnson e ICE Reaviva el Debate Sobre el Programa 287(g) en Dallas
El alcalde de Dallas, Eric Johnson, sostuvo una reunión privada con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) semanas antes de que el debate por el controvertido programa 287(g) estallara públicamente y de que el Cabildo terminara rechazando la propuesta. El encuentro, realizado el 4 de septiembre en el Ayuntamiento, ocurrió mientras la agencia federal ofrecía hasta 25 millones de dólares para que la policía local colaborara directamente en tareas de control migratorio, un planteamiento que provocó fuerte oposición comunitaria y política.
Un encuentro sin anuncio público
Según documentos internos de Dallas News y reportes locales, ICE solicitó una reunión con Johnson a inicios de agosto para explicarle los alcances del programa 287(g). La cita se concretó el 4 de septiembre con representantes de ICE y asesores cercanos al alcalde, sin notificación previa al Cabildo ni participación de concejales o grupos comunitarios.
Durante la reunión, ICE detalló cuántos oficiales del Dallas Police Department (DPD) podrían entrenarse, cuáles funciones migratorias asumirían y cómo se calcularían los reembolsos federales derivados del convenio. La cita ocurrió casi seis semanas antes de que el jefe de policía, Daniel Comeaux, informara públicamente que había rechazado la oferta de 25 millones de dólares para integrarse al programa.
Qué implica el programa 287(g)
La disposición 287(g) permite a ICE delegar facultades migratorias a policías locales mediante acuerdos formales. En la modalidad discutida para Dallas, los agentes de DPD seguirían atendiendo sus labores de patrullaje, pero podrían iniciar verificaciones migratorias durante detenciones de tráfico u otras interacciones, trabajando en coordinación con ICE.
La oferta económica presentada prometía reembolsos millonarios según las horas invertidas en tareas migratorias, aunque ICE aclaró posteriormente que estos fondos no cubrirían salarios completos ni el sobretiempo requerido para suplir a agentes retirados temporalmente de su patrullaje habitual.
La postura del alcalde y críticas internas
Tras reunirse con ICE, Johnson impulsó que dos comités del Cabildo —Seguridad Pública y Eficiencia Gubernamental— evaluaran si la ciudad debía reconsiderar el rechazo inicial del jefe policial. En un memorando dirigido a ambos comités, destacó el potencial beneficio financiero y la posibilidad de retirar de las calles a personas con historial criminal.
El memorando no mencionó la reunión privada de septiembre, un dato que salió a la luz después y que alimentó acusaciones de falta de transparencia. Concejales opositores señalaron que el alcalde buscaba reabrir una discusión ya descartada por la comandancia policial sin revelar plenamente el alcance de sus contactos con ICE.
El Cabildo frena el acuerdo
Durante la sesión conjunta de principios de noviembre, concejales escucharon testimonios de ICE, del jefe Comeaux y de residentes. La mayoría de voces ciudadanas expresó preocupación por el impacto del programa en la confianza entre comunidades inmigrantes y la policía, así como por la posibilidad de que agentes fueran desviados de sus funciones centrales en una corporación que opera por debajo del nivel óptimo de personal.
Comeaux advirtió que 287(g) podría sacar de las calles a numerosos oficiales para labores de procesamiento migratorio, perjudicando tiempos de respuesta y operatividad. Los comités votaron de manera unánime por posponer indefinidamente el análisis, cerrando la puerta al convenio y respaldando la decisión del jefe policial.
Repercusiones políticas y comunitarias
El manejo del caso dejó a Johnson en una posición incómoda. Para algunos sectores, el alcalde mostró apertura al análisis de alternativas financieras; para otros, utilizó el tema migratorio con una lectura política y sin suficiente claridad. Activistas proinmigrantes consideraron que la reunión privada con ICE reforzó la percepción de que decisiones de alto impacto se discutían sin participación pública.
La decisión del Cabildo, no obstante, fue interpretada como una defensa del modelo local de seguridad pública: mantener a la policía enfocada en funciones municipales y evitar que Dallas se convierta en un brazo operativo de la aplicación de leyes migratorias federales.
