En medio de los primeros 100 días de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha intensificado su retórica contra el régimen de Nicolás Maduro, al acusarlo públicamente de enviar deliberadamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua al territorio estadounidense. Las declaraciones, pronunciadas durante un mitin en Michigan y replicadas en sus redes sociales, han reavivado la polarización política en torno a la migración venezolana y han escalado la tensión bilateral entre Washington y Caracas.

La acusación, de alto voltaje político, forma parte de un discurso más amplio que Trump ha venido construyendo desde el inicio de su campaña: endurecer la política migratoria, reforzar el control fronterizo y vincular la inseguridad ciudadana con la migración irregular.

Trump conmemora 100 días con promesas de “mano dura”

Durante su presentación en Michigan, el presidente celebró lo que calificó como una “restauración del orden” en la frontera sur, citando una caída en los cruces ilegales y el incremento de las deportaciones. “Retirar a los invasores no solo fue una promesa de campaña, es mi deber solemne como comandante en jefe. Tengo la obligación de salvar a nuestro país”, expresó ante una audiencia entregada.

El mandatario proyectó imágenes de supuestos pandilleros siendo escoltados hacia una prisión en El Salvador, como parte de un nuevo acuerdo de colaboración con el presidente Nayib Bukele. En ese contexto, acusó a Maduro de haber “vaciado cárceles” para infiltrar criminales en Estados Unidos, citando como ejemplo al Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano con operaciones en varios países de América Latina.

La narrativa sobre el Tren de Aragua y sus matices

El Tren de Aragua ha sido objeto de creciente atención internacional por su expansión y brutalidad. Originado en cárceles venezolanas, este grupo ha sido vinculado a delitos como narcotráfico, extorsión, trata de personas y homicidios, y se le ha detectado actividad en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, e incluso reportes aislados en EE. UU.

Trump lo ha colocado en el centro de su retórica como símbolo del “colapso institucional de Venezuela” y de la supuesta amenaza directa que representa la migración no controlada. Bajo esa lógica, ha justificado la aplicación de medidas legales extraordinarias, incluyendo el uso de la Alien Enemies Act de 1798, para acelerar procesos de expulsión de venezolanos señalados por actividades delictivas, incluso sin condenas judiciales previas.

No obstante, múltiples analistas de seguridad y fuentes de inteligencia estadounidenses consultadas por medios como The Washington Post y Reuters advierten que no existe evidencia concluyente de que el régimen de Maduro esté organizando de manera sistemática el envío de criminales a Estados Unidos como forma de presión política o sabotaje. Las acusaciones, afirman, se inscriben más en un marco narrativo de confrontación política que en datos comprobados.

Respuesta de Caracas y endurecimiento de sanciones

El régimen de Nicolás Maduro rechazó las afirmaciones clasificándolas de “irresponsables, xenófobas y parte de una campaña de criminalización contra los migrantes venezolanos”. A través de la Cancillería, Caracas acusó a Washington de utilizar el tema migratorio como cortina de humo para justificar nuevas sanciones económicas, entre ellas la revocación de licencias para la exportación de petróleo venezolano a empresas estadounidenses y europeas, medida que impacta directamente en una economía ya colapsada.

Maduro también denunció que Estados Unidos busca “construir una narrativa de guerra irregular” con el objetivo de imponer un cambio de régimen bajo presión internacional, en momentos en que su administración intenta negociar alivios económicos con aliados regionales y actores multilaterales.

Polarización interna y uso político del miedo

La estrategia de Trump ha generado efectos inmediatos en la política interna. Mientras sus bases lo aplauden por “poner orden”, sectores moderados, defensores de derechos humanos y legisladores de oposición denuncian una instrumentalización del miedo y un intento de asociar migración con criminalidad de forma sistemática.

Encuestas recientes reflejan que la inmigración sigue siendo uno de los temas de mayor preocupación para los votantes republicanos, aunque la aprobación general de Trump se mantiene dividida. Su narrativa de “promesas cumplidas” y “mano dura sin concesiones” busca consolidar su base electoral, aunque el costo podría ser una mayor fractura en la percepción pública de los migrantes y una tensión diplomática prolongada en América Latina.

El uso del Tren de Aragua como símbolo del caos regional y amenaza interna se ha convertido en una herramienta política dentro del discurso de Donald Trump. Más allá de la veracidad o alcance de sus acusaciones, el impacto ya es evidente: una narrativa que mezcla crimen, migración y geopolítica, diseñada para movilizar emocionalmente a sus votantes y justificar medidas excepcionales.

Mientras tanto, la relación entre Washington y Caracas se enfría aún más, y el tratamiento de los migrantes venezolanos en Estados Unidos se convierte en una de las aristas más complejas y controversiales del nuevo ciclo presidencial.