Minnesota Demanda al DHS Para Frenar el Despliegue Masivo de Agentes Migratorios en Minneapolis y Saint Paul

El estado de Minnesota presentó una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para frenar el despliegue masivo de agentes migratorios en Minneapolis y Saint Paul, una operación que autoridades estatales y locales califican como inconstitucional, desproporcionada y profundamente disruptiva para la vida comunitaria. La acción legal fue anunciada este lunes 13 de enero en una rueda de prensa conjunta que reunió a líderes estatales, alcaldes y funcionarios de seguridad pública, marcando un nuevo punto de quiebre entre un estado y el gobierno federal por la aplicación de la política migratoria.

La demanda apunta directamente contra la llamada Operation Metro Surge, una iniciativa federal que desde diciembre de 2025 ha llevado a más de 2.000 agentes armados de ICE y la Patrulla Fronteriza a las Ciudades Gemelas, una cifra que, según el propio estado, iguala o supera al número combinado de policías locales de Minneapolis y Saint Paul.

Quién es Keith Ellison y por qué lidera la demanda

La acción legal está encabezada por Keith Ellison, fiscal general de Minnesota desde 2019. Ellison no es una figura menor en la política estadounidense: fue congresista federal durante 12 años, el primer musulmán elegido al Congreso y una de las voces más visibles del ala progresista del Partido Demócrata en temas de derechos civiles, justicia racial y control del poder federal.

Como fiscal general, Ellison es el principal abogado del estado y tiene la facultad de demandar al gobierno federal cuando considera que sus acciones violan la Constitución o afectan de manera ilegal a Minnesota y a sus residentes. En la conferencia de prensa, Ellison calificó el operativo federal como una “invasión” que ha sembrado miedo, caos e incertidumbre, no solo entre migrantes, sino también entre ciudadanos y residentes legales.

“Esto no es cooperación entre gobiernos. Esto es una imposición federal armada que ignora nuestras leyes, nuestras autoridades locales y nuestros valores constitucionales”, afirmó.

Una rueda de prensa con alcaldes y autoridades locales

Ellison no estuvo solo. A su lado comparecieron el alcalde de Minneapolis, el alcalde de Saint Paul, jefes de policía, representantes del consejo municipal y líderes comunitarios. Todos coincidieron en que la magnitud del despliegue federal no tiene precedentes recientes y que se ejecutó sin coordinación real con las autoridades locales.

Los alcaldes denunciaron que la presencia de miles de agentes federales ha alterado el funcionamiento normal de las ciudades: cierres preventivos de escuelas, negocios que bajan sus santamarías por miedo, comunidades enteras que evitan salir de casa y una ruptura profunda de la confianza entre residentes y cualquier autoridad uniformada.

Funcionarios de seguridad pública explicaron que las policías locales se han visto obligadas a responder a situaciones derivadas del operativo federal —control de multitudes, gestión de protestas, atención de emergencias— desviando recursos de sus tareas habituales y sin haber solicitado ni aprobado la intervención federal.

Qué denuncia Minnesota en los tribunales

La demanda sostiene que DHS, ICE y CBP han excedido su autoridad al ejecutar redadas y detenciones sin órdenes judiciales, recurrir al perfilamiento racial y operar en espacios sensibles como barrios residenciales, escuelas y zonas comerciales sin causa probable individualizada.

El estado argumenta que estas acciones violan varias disposiciones legales y constitucionales, entre ellas:

• El derecho a la libre expresión y reunión, al generar un clima de intimidación generalizada.
  
• La soberanía estatal, al interferir con funciones policiales y administrativas que corresponden a Minnesota.
  
• La Ley de Procedimiento Administrativo, al tratarse de una operación federal arbitraria y sin justificación clara.
  

Ellison subrayó que Minnesota no está intentando impedir la aplicación de la ley migratoria, sino exigir que se respete el marco constitucional y los límites al poder federal.

Lo que Minnesota pide al juez

El estado solicita una orden judicial inmediata para detener Operation Metro Surge y bloquear el envío de más agentes federales. También pide que el tribunal declare ilegales las tácticas empleadas, obligue a los agentes a portar identificación visible y prohíba detenciones sin orden judicial o acciones en lugares sensibles sin autorización específica.

El DHS ha rechazado las acusaciones y sostiene que el operativo es necesario para hacer cumplir la ley migratoria y proteger la seguridad pública, acusando a Minnesota de actuar como un “estado santuario”. El caso, ahora en manos de un tribunal federal, se perfila como uno de los choques legales más importantes entre un estado y la administración Trump en materia migratoria durante 2026.

Más allá del resultado judicial, la demanda deja claro que Minnesota no solo cuestiona una operación concreta, sino el modelo de aplicación migratoria basado en despliegues masivos, militarización y presión federal directa sobre gobiernos locales que no comparten esa estrategia.