Los Clinton Desafían al Congreso y Se Niegan a Declarar en la Investigación por el Caso Epstein
El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton se negaron formalmente a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos en el marco de la investigación parlamentaria sobre el caso Jeffrey Epstein, desafiando citaciones emitidas por la Cámara de Representantes y exponiéndose a un posible proceso por desacato. La decisión intensificó el enfrentamiento político entre el matrimonio demócrata y la mayoría republicana que impulsa la pesquisa.
El trasfondo del caso Epstein
Epstein, financista condenado por delitos sexuales, fue acusado de encabezar una red de abuso y trata de menores que involucró a figuras influyentes de la política, las finanzas y el entretenimiento. Tras su arresto en 2019 por cargos federales de tráfico sexual, murió en una cárcel de Nueva York en circunstancias oficialmente clasificadas como suicidio, lo que desató una oleada de dudas públicas, teorías de encubrimiento y reclamos de rendición de cuentas.
A partir de entonces, el Congreso reabrió investigaciones para examinar cómo actuaron las agencias federales, cómo se manejaron expedientes clave y si existieron omisiones o fallas institucionales en la persecución del caso y de su entorno.
Por qué el Congreso citó a Bill y Hillary Clinton
La Comisión de Supervisión de la Cámara, presidida por el republicano James Comer, emitió citaciones en agosto de 2025 para que Bill y Hillary Clinton declararan bajo juramento. El comité argumenta que su testimonio es relevante para evaluar la actuación del gobierno federal frente a Epstein, especialmente por los vínculos sociales documentados del exmandatario con el financista a inicios de los años 2000, incluidos viajes en su avión privado y visitas a residencias en Nueva York.
Aunque Bill Clinton no ha sido acusado formalmente de delitos sexuales vinculados al caso, la comisión sostiene que su testimonio podría aportar información sobre qué sabían figuras de alto nivel y cómo operaron las instituciones encargadas de investigar y sancionar la trata sexual.
La negativa a comparecer y los argumentos legales
Ambos Clinton debían presentarse en sesiones cerradas de deposición jurada en días consecutivos. Sin embargo, a través de una carta extensa enviada por sus abogados al presidente del comité, comunicaron que no acudirían y calificaron las citaciones como “inválidas y jurídicamente inexigibles”.
En el documento, el equipo legal afirma que ya entregaron voluntariamente toda la información “limitada” de la que disponen sobre Epstein y Ghislaine Maxwell, tanto a autoridades como a instancias previas del Congreso. También sostienen que las citaciones carecen de un propósito legislativo legítimo, buscan datos irrelevantes y constituyen una intromisión en la separación de poderes al dirigirse a un expresidente y a una exsecretaria de Estado.
Desde la mayoría republicana, James Comer calificó la incomparecencia como un desafío directo a la autoridad del Congreso y anunció que promoverá una resolución para declarar en desacato, al menos a Bill Clinton, con la posibilidad de extender la medida a Hillary Clinton si mantiene su negativa.
Comer ha insistido en que el comité no acusa al expresidente de conductas criminales, pero defiende el derecho del Legislativo a exigir testimonios para cumplir su función de supervisión. Los Clinton, por su parte, enmarcan su decisión como una defensa institucional y acusan a los republicanos de usar la amenaza de prisión como arma política.
Qué puede pasar ahora
Si la comisión aprueba una resolución de desacato, el asunto pasaría al pleno de la Cámara de Representantes y, de prosperar, podría remitirse al Departamento de Justicia para decidir si presenta cargos penales por desacato al Congreso, un paso legal poco frecuente en el caso de exmandatarios.
Más allá de las consecuencias judiciales, el pulso mantiene vivo el caso Epstein como un foco de confrontación política y mediática. La negativa de los Clinton a testificar, sumada a la ofensiva republicana, anticipa un conflicto prolongado que seguirá alimentando el debate público sobre responsabilidades, uso político de las investigaciones y los límites del poder del Congreso en un contexto de alta polarización nacional.
